El crowdfunding de equity permite que cualquier persona invierta en startups privadas. Pero las reglas varían por país y el incumplimiento puede anular las inversiones.
El equity crowdfunding — la práctica de levantar capital de muchos inversores pequeños a través de plataformas digitales — creció significativamente en Latam a partir de 2020. A diferencia del crowdfunding de recompensas (como Kickstarter), en el equity crowdfunding los inversores reciben participación en la empresa. Esto lo convierte en una actividad de mercado de valores, regulada por las autoridades financieras de cada país.
La Ley Fintech de México (2018) creó el marco para las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), incluyendo las plataformas de financiamiento colectivo de capital. Las plataformas deben estar autorizadas por la CNBV. Las startups que buscan levantar capital a través de estas plataformas deben cumplir con los requerimientos de divulgación establecidos por la CNBV. Los límites de inversión para personas físicas no acreditadas son de hasta $2.500 USD (aproximadamente) por proyecto y $25.000 USD anuales en total.
En Colombia, la Superintendencia Financiera regula las plataformas de financiamiento colaborativo de inversión a través de la Circular Externa 015 de 2021. Las plataformas autorizadas pueden facilitar inversiones de hasta $700 millones COP ($175.000 USD aproximadamente) por empresa por año. Los inversores no calificados tienen límites de inversión por proyecto.
La Ley de Startups de Chile (21.630) y la regulación de la CMF establecen el marco para el crowdfunding de inversión. Las plataformas autorizadas pueden intermediar inversiones en empresas con activos no superiores a UF 400.000. Las startups pueden levantar hasta UF 10.000 por año a través de estas plataformas sin las obligaciones de una emisión pública completa.
La Resolución General 717/2017 de la CNV establece el régimen de plataformas de financiamiento participativo. Las plataformas autorizadas pueden intermediar hasta $30 millones ARS por empresa por año (monto que ha perdido significado real por la inflación). El marco argentino es técnicamente funcional pero las restricciones cambiarias limitan severamente su uso práctico para inversiones en divisas.
Levantar capital de muchos inversores pequeños a través de canales no regulados (redes sociales, grupos de WhatsApp) puede constituir una oferta pública de valores no autorizada — un delito en todos los países de la región. La diferencia entre equity crowdfunding legal e ilegal no está en el monto sino en si se usa una plataforma autorizada y se cumplen las obligaciones de divulgación. La protección legal para los inversores — y para los fundadores — depende de seguir el marco regulatorio correcto.
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